"2020: Andalucía pro pyme" - Manuel J. González González - Director de Asesoría Jurídica de Garántia SGR 18 de diciembre de 2019
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La complejidad que suele acompañar a cualquier documento presupuestario nos obliga a destacar hoy de modo singular que los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2020, recientemente aprobados, incorporan en su Disposición Final Sexta (apartados 9 y 10) un importante paquete de incentivos fiscales a las pymes y autónomos que no debe pasar desapercibido al situar por fin a nuestra Comunidad de cara al nuevo año 2020 en el liderazgo nacional en cuanto a medidas de apoyo y dinamización de la actividad económica. Estos beneficios fiscales contribuyen de forma eficaz a la estrategia pública de apoyo a la economía productiva del territorio, de la que nuestro tejido empresarial es la base. Y siendo cierto que no conseguimos alcanzar una potente actividad industrial, nadie discute hoy el liderazgo y la capacidad de emprendimiento del empresariado andaluz, tantas veces lastrado por importantes carencias de recursos para sus iniciativas y proyectos de inversión y que hoy se encontrarán con un sólido respaldo público ante la evidencia de que uno de los elementos que más puede retraer la inversión es precisamente el coste fiscal añadido que estas operaciones se ven obligadas a soportar de ordinario. Son dos las líneas prioritarias marcadas en los presupuestos de Andalucía y condensadas en los nuevos arts. 36 bis y 41 de la Ley de tributos cedidos aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2018, de 19 de junio:

• Por un lado, la incentivación de actuaciones de inversión productiva (no especulativa) con destino a la empresa y financiadas con intervención de SGR, que tributarán por transmisiones patrimoniales a un tipo reducido del 2% y no al tipo general del 8%, lo que supone una importante reducción del 75% del coste fiscal total.
• Por otro lado, la protección de las garantías constituidas a favor de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), que tributarán por el polémico impuesto de actos jurídicos documentados al tipo reducido del 0,1% y no al tipo general del 1%, lo que supone consolidar una reducción del 90% del coste fiscal que ya existe en nuestra Comunidad desde 2009 pero que ahora se hace extensiva no sólo a las operaciones de constitución y cancelación de garantías, sino también a las novaciones y a las posibles alteraciones de rango que puedan platearse a lo largo de la dilatada vida de una operación de financiación, en circunstancias coyunturales adversas, para no perjudicar su buen fin.

Conviene destacar que el punto común de estas medidas es que la Administración Pública ha decidido vincular directamente la aplicación de las bonificaciones fiscales a la intervención de una SGR reconociendo así de forma decidida la importancia de este interlocutor financiero que opera desde hace casi cuarenta años en nuestra Comunidad, vocacionalmente y de forma profesional, agrupando a miles de pymes y autónomos, comprometido en la mejora de las condiciones de acceso a la financiación de nuestras empresas y en el análisis experto de la singular tipología de las operaciones a que éstas se ven obligadas a acceder para ejercer su actividad económica. A este fin, Andalucía cuenta hoy con Garántia: la primera SGR española en volumen de operaciones de aval para el sector agroalimentario; la segunda en número de socios (ya son más de 16.500 pequeñas y medianas empresas y autónomos andaluces con datos al 30 de septiembre) y la tercera a nivel nacional en volumen de riesgo vivo (superará los 450 millones al cierre de 2019, acumulando un volumen de avales formalizados en toda su trayectoria cercano a los 3.000 millones de euros). La Administración autonómica es consciente hoy de que apoyar el liderazgo actual de la potente SGR andaluza Garántia y garantizar su sostenibilidad es la mejor forma de apoyar al empresariado andaluz; por eso, otro grupo importante de medidas fiscales contenidas en el Presupuesto para 2020 pretende incentivar fiscalmente la devolución al mercado en valor de aquellos activos que han recibido en pago de deudas. A este fin las operaciones de adjudicación y ventas de activos en las que intervenga la SGR, contarán también con el 75% de bonificación del tipo impositivo de transmisiones patrimoniales onerosas siempre que en los 5 años siguientes a su adquisición vuelvan esos activos al mercado ordinario de bienes y servicios, lo que permitirá no sólo defender su valor sino potenciar el carácter productivo esencial de esta tipología de bienes, singularmente locales, naves y solares con vocación de servir en el ámbito de nuestra Comunidad a la actividad económica y al desarrollo de la actividad empresarial/profesional. Contamos con Garántia y contamos también con una Administración cercana comprometida en la ayuda al empresariado andaluz a través de este interesante paquete de medidas fiscales incentivadoras de la actividad económica que ponen de manifiesto la vitalidad de nuestra Comunidad y el atino que supone descubrir que sus grandes potencialidades, sus mejores capacidades, dependen en gran medida del impulso efectivo y la apuesta por la dinamización de su tejido productivo. Ante el creciente pesimismo y la duda peligrosa, por contagiosa, que genera la mera posibilidad de hallarnos a las puertas de un nuevo proceso de desaceleración y enfriamiento de la actividad económica, nuestra certeza es firme y así la ofrecemos con convicción a las pymes y autónomos andaluces a los que servimos: el camino está abierto, el ánimo bien direccionado y nosotros bien posicionados, en el rumbo correcto… ¡¡Bienvenida esta nueva, moderna e ilusionante Andalucía pro pyme del año 2020, de la que es muy fácil sentirnos todos partícipes!!. Manuel J. González González Director de Asesoría Jurídica de GARÁNTIA SGR